En el primer año…
Dentro de poco se cumple el primer año de gestión del actual gobierno. Fue una época intensa. Las discrepancias y la violencia se pusieron en agresiva evidencia y jamás estuvo tan esquiva la esperanza y la confianza en que las diferencias, reales o imaginarias, sean salvadas. Nunca antes con tanto empeño se avivó el odio por supuestos o verdaderos agravios e injusticias.
Se insiste en que ha llegado la hora para que los grupos excluidos hasta ahora, reemplacen a los que excluían, que merecerían, en justicia –la llamada “originaria”, por supuesto– ser marginados de sus derechos, y aun de su nacionalidad.
Estos algunos signos de intolerancia antidemocrática orientada a bloquear la libertad de opinión, pues se intenta hacer creer que cualquier discrepancia “es el producto de los desplazados que, hasta ayer, fueron los que excluían, empobrecían y gozaban de todo a costa de los desposeídos”. Una opinión diferente al designio oficial inmediatamente es calificada como una “actitud política” contra una malhadada constituyente que nació con pecados capitales. Y se quiere olvidar que hacer política no es derecho exclusivo de los que detentan el poder.
Se procuran reformas para conformar un nuevo país: “el que queremos” se dice, supuestamente más justo, más solidario, más libre. Sin embargo, para que predominen sus fines se emplea cualquier método con el cinismo de que los fines justifican los medios, violando leyes, conculcando derechos e imponiendo el rodillo de una mayoría que, en política, nunca es eterna. En cambio, se quiere uniformar el pensamiento de grupos sociales y étnicos, en una sola tendencia: la populista – folklórica, elevada a categoría ideológica. Así se menosprecia al individuo, negándole la capacidad de elegir una opción en el espectro político. Al fin, todos los que nacimos en este país tenemos el derecho a ser bolivianos. Por ello, un régimen, con cualquier mayoría, no tiene el derecho de categorizar a los ciudadanos por su origen, ni a poner en duda sus derechos democráticos.
Se proclama la unidad como alternativa a la iniciativa de las autonomías regionales. Y, como salida pretendidamente ingeniosa, se habla de autonomías de los pueblos originarios. Nunca hubo autonomías desligando a grupos humanos del territorio. En efecto, quechuas, aimaras y otros conviven con distintos grupos en todo el país, los que, entremezclados, no podrían ejercitar su autonomía “racial” en territorios que tienen su propia libertad de gestión. Lo grave es que se quiere hacer de la supuesta “autonomía de los pueblos originarios” un verdadero germen de división de la sociedad y del alma nacional.
Distorsionar el concepto de autonomía consagrado en cuatro departamentos, llamándola antinacional y divisionista, es una grosera interpretación de lo que verdaderamente proponen, como opciones de gestiones propias y eficientes, los prefectos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
Estos no son temas para tiempos de reflexión y de esperanza, de paz y de amor. Tampoco parece que señalar estos males pueda contribuir a superarlos con humildad de espíritu y tolerancia. Pero el peligro asoma y la intranquilidad es cada vez mayor. Los temores son fundados, pues se puede desencadenar una dramatica frustración colectiva, y aun una tragedia.
