30 de septiembre de 2007.
“Mal de muchos…
No estamos solos en el disparate. Y conste, esto sin contar al caraqueño ni al que tenemos aquí que, si no fueran peligrosos, no pasarían de ser unos tíos irreverentes.
Esto se dijo y se dice:
· “El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”.
· “El gobierno reacciona indignado ante las críticas, como si el escrutinio de los asuntos públicos y de la conducta de los funcionarios fuese una grosera violación de la impunidad que –presumen- les otorgó la “democracia” en las urnas”.
· “Hoy (el grupo político en el gobierno) tiene la suma del poder, las mayorías parlamentarias de las que dispone le brindan un refugio inexpugnable contra los ataques de la oposición… Para muchos (del gobierno) las sentencias del Poder Judicial valen si son favorables, sino no. Se mira el Orden Jurídico con un solo ojo y se actúa fuera de la ley sin demasiados remilgos… El Estado son ellos …, por ahora. Ya volverá el tiempo del cumplimiento del Derecho, o sea el momento en que el Estado seamos todos.”
· “El actual presidente… ha tratado vanamente de cambiar la constitución para reelegirse y ha apelado a una retórica populista, autoritaria y de abierta confrontación que lo ha ido aislando de la mayoría de las fuerzas políticas existentes.”
No, estas citas no tratan sobre lo que sucede en Bolivia, aunque los parecidos son asombrosos. Es que el mal se generaliza y llega a países con una tradición democrática que languidece y, entre ellos, algunos sin los problemas de los más atrasados como Bolivia que, en desarrollo se ubica en América Latina sólo delante del atormentado Haití.
La primera cita corresponde a una conocida expresión sobre el inexorable rumbo de los soberbios que creen que el poder lo justifica todo. Es una sentencia de Lord John Acton.
La segunda se refiere al gobierno argentino de Néstor Kirchner. Su autor: Ricardo Medina Macías, analista político mexicano.
La tercera, es un extracto de un notable artículo del ex – presidente del Uruguay, Luís Alberto Lacalle Herrera.
La cuarta, se refiere al Paraguay; es del profesor argentino Carlos Sabino.
*
Lo anterior muestra que todos tenemos las mismas culpas. Entre ellas, las del autoritarismo, ya sea de gobiernos de facto o de soberbios que ganaron elecciones y que, por ello, se creen autorizados para atentar contra la democracia, todo mezclado con un notorio escapismo, o sea con la majadería de que nuestros males se los debemos a los otros, a los que nos impusieron modelos y cargas históricas. En verdad somos producto de nuestros propios errores, de nuestras tropelías; no, no son los españoles, que conquistaron este continente, los que tienen la culpa, ni ellos sirven como pretexto para reivindicaciones folklóricas. Tampoco sirve echar la culpa a los gringos por nuestra incapacidad para progresar.
Quizá, si reconocemos nuestra estupidez colectiva, podríamos salir de este atolladero histórico al que nos han llevado extremistas, radicales, populistas, indigenistas, “demócratas” complacientes con asonadas y “revoluciones” populistas, gobiernos y políticos corruptos, pseudos - ambientalistas, “burócratas insensibles y satisfechos”, defensores de los derechos humanos de unos –y no de los otros–, “piqueteros”, bloqueadores, guerrilleros, “luchadores” callejeros violentos, e inclusive aventureros agitadores y activistas de países desarrollados que en safari intelectual asesoran, mal por supuesto, a gobiernos nativos ignaros y desorbitados.
Sí, “mal de muchos, consuelo de tontos”; ahora hay que invitar a que “venga el Diablo y escoja”.
29 de septiembre de 2007.
Irán
Se dio nomás.
Y muchos fuimos los ilusos, los que no creímos que se llegaría al disparate mayor, a la demasía perjudicial y a que el propio gobierno reconozca, con su conducta, que es un segundón del autócrata de Caracas.
Sí, fuimos ingenuos, al creer que habría un atisbo de sensatez, y que no se llegaría a la tontería de establecer relaciones con el régimen de los ayatolaes de Irán, de los que han instaurado no una teocracia, sino lo que definió Max Weber: una “eclesiocracia”, o sea un “poder político detentado institucionalmente por una casta sacerdotal” anacrónica, extremista, sectaria, intolerante y agresiva.
El imperio poderoso y floreciente de
O será, “mutatis mutandi”, que se piensa instaurar en esta parte del mundo una república fundamentalista aimara –no islámica– con un consejo supremo de “amautas” –no de ayatolaes–?
Con tantos disparates que se escuchan, vaya usted a saber…
Y como el presidente de esta república islámica, Mahmud Ahmadineyad (no es el mandamás; el “líder supremo” iraní es el ayatolá Alí Jamenei) vino nomás, habría que revisar si, además de emisario y aliado de Chávez, puede comprometer seriamente a su país como socio comercial e inversor para el desarrollo boliviano, tal como se afanan en convencer los jerarcas del Gobierno del MAS. O, realmente, se trata de un obsesivo y subyacente propósito de incomodar a los Estados Unidos, enfrentado por Chávez –vaya a saber por qué–, y por los ayatolaes empecinados en seguir un sospechoso plan de desarrollo nuclear.
Hay datos que muestran que ese deseado intercambio comercial y el papel de inversor de Irán, serán difíciles de concretar. No es posible consignar aquí todos los indicadores socio–económicos, pero veamos sólo tres: Irán soporta una inflación anual del 13.5%; un balance en su presupuesto con un déficit del 23.71% (11.580 millones de dólares); y una tasa de desempleo del 11.2% (no se considera el excedente estructural de mano de obra existente en su economía). Con sólo estos tres datos, se reafirman las dudas de que con Irán, ya establecidas las relaciones, se vayan a alcanzar los objetivos en el ahora inexistente comercio bilateral, en cooperación financiera y tecnológica y en la inversión. Se trata, en verdad, de una movida política provocadora e insensata.
Las cosas no se limitan a lo anterior. Irán es una dictadura oligárquica, sectaria y anacrónica en el mundo contemporáneo. Sus acciones las justifica con la obligación de librar una “guerra santa” contra los “infieles”. Para esto viola principios internacionales. Sólo dos ejemplos: coopera en la desestabilización de El Líbano e incita al mundo musulmán a eliminar a un Estado soberano: Israel, en el empeño de lograr una pretendida reivindicación del predominio islámico en el Medio Oriente.
Irán lleva su acción al terreno del terrorismo, como el brutal atentado del 18 de julio de 1994 –el mayor de la historia argentina– contra la sede de
El régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) insiste en que se propone, haciendo honor a su nombre, llevar a Bolivia al socialismo –hasta ahora sólo está en el populismo– sin precisar de qué tipo: democrático, chavista o marxista leninista. Se proclama, en efecto, como de izquierda y revolucionario. Pero, en este acomodo oportunista y para complacer al también autoproclamado izquierdista y castrista Chávez, abandona principios y es inconsecuente, “hermanándose” con el despotismo reaccionario y la intolerancia fundamentalista de los ayatolaes.
¡Vaya política exterior y ética que mostrar al mundo….!
22 de septiembre de 2007
De la política y los partidos
Hace ya tiempo –o quizá esto fue siempre– se extiende la convicción de que la política es mala y despreciable; que es una actividad de deshonestos y falsarios. Esto no es todo: cuando se quiere restar confianza, seriedad o justicia a una posición pública con la que no se coincide, se dice que ésta tiene “intereses políticos” y, por tanto, es indigna. Y esto lo hacen inclusive adherentes de partidos que no dudan en descalificarlos con la muletilla de ¡son intereses políticos!
Por eso, “avergonzados” dirigentes y militantes, frecuentemente niegan el carácter político de sus propuestas o acciones. Esto contribuye, cada vez más, a consolidar la extendida percepción de que todo lo malo en el país es por culpa de los políticos, de los partidos… Y en esto incurren también los jerarcas del partido que ahora está en el poder, que no dudan en calificar una posición política cualquiera, pero que sea ajena, como propia de facinerosos.
Que hay malos políticos, no hay duda, como hay malos en todas las actividades. Los ciudadanos formamos parte de lo bueno y de lo malo. Y, por supuesto, hay también buenos ciudadanos que son políticos, con intenciones honestas. Negar esto representa un derrotismo lamentable y el descreimiento de nuestra propia esencia nacional.
Este fenómeno –común en muchos países– responde a esfuerzos de escapar de la realidad y de sentimientos de culpa. Es “escapismo” asignar a otros las carencias, defectos, errores y aún las tropelías propias. Este peculiar y generalizado sentimiento se ha venido agudizando por obra de los propios políticos y, ahora, por los que administran el país como militantes de un partido.
Sin embargo, la acusación de que se persiguen objetivos políticos en una propuesta o actitud pública, tiene otro ángulo. En efecto, las iniciativas con evidente esencia política –que se deben plantear y someter al juicio público–, si no proviene del actual partido gobernante o de los “movimientos sociales”, inmediatamente, un jerarca oficialista, serio y circunspecto, dice con sentenciosa censura: “son acciones para satisfacer intereses políticos”, y se añade lo consabido: para “desestabilizar” al gobierno.
Veamos el asunto: “No es ningún secreto que Saint Simon, Comte, Proudhon y Marx, por mencionar sólo a algunos de los hombres más eminentes e influyentes, o los anarquistas, cuyas ideas nacieron y se difundieron en ese ambiente, aspiraban a suprimir la política pensando que así eliminaban los conflictos. Sin embargo, tanto la política como la moral son indispensables precisamente porque el conflicto es inevitable”. (Dalmacio Negro Pavón, Catedrático de "Historia de las Ideas y Formas Políticas" en la Universidad Complutense.). Si esto es así, vemos también que lo de devaluar lo político, lleva oculto el propósito de suprimir la libertad, pues limitar las corrientes del pensamiento, con el pretexto de que todo en la política es malo, es señal de que la democracia está sometida a una dura prueba.
Por último, no es comprensible que los verdaderos políticos, que tienen algo que decirle al país, por la vergüenza inducida por el populismo, se abstengan de opinar, esclarecer, proponer y criticar. Los ciudadanos, tienen derecho a saber la orientación de los partidos que pugnan por el poder. Es cierto: la dispersión y la “jibarización” de algunas agrupaciones políticas hacen que sea difícil distinguir opciones serias y con perspectivas; pero es peor que se caiga en el descreimiento cercano a la desesperanza.
15 de septiembre de 2007
¿Capricho o venganza?
La administración de la justicia puesta a prueba
El jurista Hans Kelsen (1881-1973), ante la cuestión de qué es la justicia, decía: “No hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión, no hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa ni tantas amargas lágrimas como por ésta…” Y añadió: "La justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia". El énfasis hoy en Bolivia es que no hay libertad sin justicia.
Si el régimen boliviano actual aceptara el predominio de la justicia, no se daría –como sucede ahora- que cualesquier autoridad, representante, dirigente o persona simplemente del llano, lance acusaciones públicas sin pruebas, sin rastros de que se busca la acción de la justicia. Ofender e inclusive calumniar a título de castigar por supuestos o reales delitos, es una demasía de quien no se siente obligado a responder por sus afirmaciones.
Esto sale a relucir porque en Bolivia se han rebasado todos los límites de lo racional. Esto es producto del ostensible objetivo del régimen de copar políticamente la administración de justicia, para sujetar a ciudadanos, instituciones y regiones al arbitrio del poder central.
Lo sucedido con el Tribunal Constitucional –que ya tiene secuelas políticas–, muestra el afán de negar la independencia del Poder Judicial, objetando cualquier fallo que pudiera ser adverso a los designios del régimen. Se trataría de castigar a tribunos que, en aplicación de la ley, anularon irregulares designaciones. Parece que quienes ahora nos gobiernan están convencidos de que son intocables.
El gobierno pudo corregir su ilegalidad impulsando un nuevo proceso de nombramientos de autoridades judiciales en el Parlamento. Esto no se produjo. El resentimiento presidencial fue más fuerte que la legalidad. Así, quien en el pasado se benefició con una decisión de la administración de justicia para permanecer como parlamentario, se propone tomar venganza por un fallo que ahora le es adverso. El intento de enjuiciar a los tribunos nunca tuvo el objetivo de restablecer la legalidad. Por eso, el Senado Nacional, usando una atribución constitucional, no acogió la infundada acusación que se orientó a la venganza y dispuso, en última instancia, que se archive todo lo obrado contra esos jueces.
Pero la secuela política del fallo constitucional, no terminó con la decisión del Senado Nacional. Con insistencia caprichosa e irracional se hurga todo –confirmando afanes de venganza– para encontrar algo en qué sustentar una nueva acción contra los tribunos, y así lograr la revancha, la que proviene nomás del empecinamiento oficialista, puesto que la “masista” prefectura de Potosí, lanzó una nueva ofensiva contra los miembros del Tribunal Constitucional, ciertamente alentada por el enojo presidencial que produjo el fallo que no fue favorable al régimen.
Así es cómo, los jueces de
Está claro: el régimen no va a asegurar las libertades individuales ni va a trabajar por la paz ciudadana, menos aún protegerá lo que Kelsen llamó “la justicia de la democracia” y, por esto, no se va a conducir con tolerancia. Estas virtudes son necesarias para los que pretenden introducir cambios sociales democráticos, en beneficio de todos los ciudadanos, sin nuevas exclusiones. Lamentablemente, los caprichos, la altanería y el abuso del poder en procura de violentar la justicia, no muestran que los integrantes del M.A.S. tienen –¿las habrán tenido antes?– estas virtudes.
8 de septiembre de 2007
I
Por ahora, nos hemos salvado por un pelo….
¡Qué tensión! la que se esparció en todo el país, en la semana que termina. Fue la provocada por el propio régimen ante la legítima –o por lo menos muy comprensible– iniciativa chuquisaqueña para que Sucre recupere su condición de lo que se ha venido en llamar “capital plena” de la República. Y se temió lo peor.
La capacidad del régimen para enfrentar agresivamente a todo y a todos, parece ilimitada. Así las energías se dispersan en los conflictos que el propio gobierno crea, generando una espiral de divisiones y animadversiones sin miras de terminar. Y como si los sucesos de Sucre hubieran sido de poca monta, no hubo freno para desatar simultáneamente dos nuevos motivos para la preocupación: la histeria oficialista contra los Estados Unidos y su Embajada en La Paz, junto a la cerril amenaza de cerrar el Senado que derrotó, con el voto democrático, la iniciativa para defenestrar ilegalmente a los miembros del Tribunal Constitucional.
Hace ocho meses hubo una lección dolorosa: Los sucesos de Cochabamba, tuvieron un desenlace trágico, con destrucción y muerte. Fue la hora de la intolerancia, la provocación y la violencia desatada por hordas cocaleras agresivas, decididas a castigar –vaya a saber por qué– a un pueblo viril que exigía respeto, comprensión y, sobre todo, democracia y paz. Pareció, entonces que al final todos aprenderían que tragedia sólo destruye.
Pero, continúa nomás la búsqueda del enfrentamiento fratricida. No hay región o sector que escape a la crispación colectiva que se origina en la política violenta e intolerante del régimen. No parece, entonces, una casualidad que, en medio de las tensiones por la iniciativa chuquisaqueña, se haya procurado hurgar en el avispero, preparando agresivas expediciones de cocaleros a Sucre, con hordas cocaleras dizque para proteger la continuidad de una Asamblea Constituyente mal concebida, peor dirigida, y dispuesta a cualquier disparate, contrariando no sólo la ley, sino el sentido común. Claro está que todo estaba dirigido a copar instituciones y regiones, de manera que el populismo no tenga freno legal, porque el moral ya lo ha perdido, al contradecir la práctica democrática.
Conformadas legiones de vigilantes cocaleros y “pochos rojos”, se hubiera desatado una nueva tragedia. La amenaza de los cien mil –después se redujo el número previsto– campesinos en marcha hacia Sucre era para doblegar por la fuerza al civismo chuquisaqueño. Las bravuconadas se sucedieron. Se anunció que estos “campesinos” iban en son de paz, a menos que, se amenazaba, la Asamblea Constituyente no consiga concretar un trabajo ilegal. Ayer nomás, las avanzadas agresivas habían llegado a Potosí, para ocupar Sucre el lunes 10 de este mes en una llamada “cumbre social”.
Que no se haya caído en el abismo del enfrentamiento, con perspectivas de generalizarse, admite dos hipótesis: una –la menos probable– que se haya impuesto en el régimen, aunque lo desmiente la iracundia del ministro negociador, la conciencia de que la lucha fraticida sólo conduce al desastre. La otra es que el gobierno haya advertido que el sentimiento democrático, el ansia de libertad y la determinación de proteger los derechos ciudadanos, no se apaga con palos, látigos y agresiones. Cuando esto sucede, se está anunciando el fin de un experimento despótico. Un triunfo sobre la ciudadanía, siempre es pírrico, condenando el futuro de los supuestamente vencedores.
Por ahora, nos hemos librado por un pelo….
II
Y ahora ¿a quiénes les toca el turno?
Todos lo sabemos: el oficialismo sigue en una permanente búsqueda de renovados blancos para sus ataques, provocaciones y acusaciones infundadas. Es el estilo escogido por el actual régimen.
Nadie, absolutamente nadie que tenga criterios libres, se escapa de los denuestos y las amenazas. No se libran, inclusive, los que promueven el respeto a la ley, ya que, para los personeros del oficialismo, esa honrosa acción es de oligarcas, derechistas facinerosos, racistas y opositores que cooperaron con gobiernos pasados. Esta es la conducta distintiva del fundamentalismo populista reinante.
La lista de los que sufren la diatriba permanente de gobernantes y militantes del MAS es muy larga. Habrá que mencionar a algunas de las víctimas:
- Los departamentos, cuyos ciudadanos aprobaron, en un referendo convocado por el propio gobierno, un régimen autonómico, y que ahora reciben la acusación de promover la división del país.
- Todos los políticos, por supuesto no los del MAS o de los grupos afines, como el que dirige el alcalde de La Paz que ya se unió a la diatriba contra Sucre.
- Los empresarios privados que, frecuentemente y sin prueba alguna, son acusados de insensibles, explotadores y aun culpables de actos de corrupción, nunca probados.
- Los prefectos departamentales y los alcaldes no alineados con el régimen, con el propósito de capturar instituciones para ponerlas al servicio del MAS.
- La prensa: empresarios, trabajadores, columnistas y reporteros de los medios de comunicación, que se dice que son usados por la oposición.
- Los dirigentes cívicos, a los que, además del insulto y la falsa acusación, se procura acosar con juicios sin sentido ni fundamento.
- Los miembros del poder judicial –en especial los del Tribunal Constitucional– a los que el ejecutivo no pudo dominar y ponerlos a su servicio.
- Los senadores que no aceptaron decisiones ilegales, y que ahora no sólo son vituperados, sino que también reciben la amenaza del cierre del Senado Nacional, de quien en un tiempo lo presidió, y que ahora luce su esencia antidemocrática y violenta.
- La iglesia católica, cuando sus prelados y representantes señalan equívocos y demasías del gobierno, o piden paz y no violencia.
- Los colaboradores de gobiernos pasados, que luego trabajaron legalmente en proyectos y estudios financiados dentro de la ley y de los convenios internacionales por un gobierno amigo.
Cuando se está acabando en el país la reserva de los blancos de ataques, la furia se vuelca al exterior, acusando a gobiernos amigos, que cooperaron y cooperan a este país empobrecido. La animosidad se hace extensiva a Embajadas, dando lugar a que un energúmeno pida la expulsión del jefe de una misión diplomática. Claro que esto con un camino zigzagueante de acercamientos para luego retomar la agresividad. Y qué decir de la locuacidad insolente exhibida durante una visita oficial al Perú, que recibió una humillante reprimenda de peruanos ilustres que, con razón, se sintieron agraviados.
Se repite que un cambio –asamblea constituyente de por medio– traerá prosperidad, y que hay que defenderlo aun cruentamente. Se trata nomás de un estilo provocador. Con el insulto y la intimidación a ciudadanos, instituciones y regiones, y la amenaza de lanzar a las huestes cocaleras que ya desataron una tragedia, se cree que se conseguirá todo: hasta la reelección indefinida, el régimen de partido único y, al fin, la dictadura.
Y ahora, ¿a quiénes les toca recibir amenazas, agravios y falsas acusaciones?
1 de septiembre de 2007
¿Dónde están los límites?
Una muestra de sabiduría es reconocer los límites de lo tolerable; es decir que no es prudente traspasar impunemente esos márgenes, puesto que si esto sucede hay que temer lo peor y, de ello, hay amargas experiencias.
En esta semana que termina, se pudieron encender incendios devastadores. Es que se está ignorando que, como afirmó un ilustre pensador boliviano, no se es impunemente poderoso. Sin embargo, se ve que el oficialismo no advierte o no comprende las señales en este sentido. Por esto nos acercamos a posibles desenlaces políticos dramáticos. Y se está haciendo muy poco –en verdad, se incita a lo opuesto– para que los problemas se superen en paz.
Encapricharse en lo que no funciona, o funciona mal, es una insensatez. Un claro ejemplo: luego de los iniciales y sinceros apoyos, vemos cómo se sujeta el futuro de la Nación a los designios de una asamblea constituyente sectaria, absurda, mal conformada y peor dirigida, irremediablemente encaminada al fracaso. Resulta claro que el designio del gobierno es la imposición antidemocrática para consagrar un populismo racista.
La asamblea constituyente tiene el objetivo de aprobar una ley suprema de la Nación, es decir una Constitución Política del Estado. Pero, para qué una nueva ley fundamental, si, por adelantado, el gobierno, por boca del presidente, dice que las leyes perjudican los propósitos del oficialismo, los planes de cambio. En realidad es una negativa anticipada a aceptar una norma jurídica que impida la discrecionalidad de los gobernantes. Así las cosas, hay que temer que, aunque se adopte una constitución, que hipotéticamente represente con autenticidad las expectativas y los derechos de la ciudadanía, se rebasarán nomás los límites que impone la legalidad, porque así lo quiere un mandatario en actitud autocrática. Y no hay que olvidar los aprestos del oficialismo para imponer la reelección presidencial indefinida, al mejor estilo chavista.
Una asamblea constituyente, integrada por miembros electos, debe reunirse para debatir libremente. Esta es la única forma civilizada y democrática de diseñar un modelo de Estado con instituciones a respetar y con derechos y garantías de los ciudadanos a proteger. Pero ahora, cuando las cosas se complican para los que se proponen imponer un texto constitucional sectario, se busca soluciones en las calles, en el enfrentamiento. Para ello, el oficialismo no tiene pudor en amenazar –no se puede caer en la ingenuidad de que creer que serán espontáneas acciones populares– que decenas sus adherentes (¡se dice que serán cien mil!), incluyendo los “ponchos rojos”, sitiarán la ciudad de Sucre y que se harán “vigilias” hasta que los miembros de tal asamblea se sometan a la presión, aprobando, dizque en un día y a la fuerza, el proyecto de constitución del partido de Gobierno. Ayer nomás en Sucre, los que señalan una decisión ilegal de esta malhadada asamblea fueron reprimidos, con casi treinta heridos. Esto se hace a sabiendas de que una constitución impuesta no tiene futuro.
Y pensar que inicialmente nos hemos tragando la propaganda machacona, abusiva e interesada de que la asamblea es el remedio para todos nuestros males; propaganda con innumerables espacios en los canales de televisión, ciertamente pagados por el Estado.
Seguramente, todo esto se asienta en experiencias populistas ajenas y en afanes de imitación, sin considerar que en Bolivia la imposición no rinde frutos, sino más bien resistencia. Esto se produce cuando se rebasan los límites de la tolerancia...
