Entregas junio 2007

30 de junio de 2007

Cuando los demonios se desatan…


Aquello de que la repetición constante de argumentos a favor de una propuesta termina por convencer, parece que es cierto. Cuando un candidato en las elecciones de 2002, buscando notoriedad e ingenio, sin el menor sustento jurídico anunció que propiciaría la convocatoria de una asamblea constituyente, pocos la encontraron aceptable. Luego, esta iniciativa se fue diluyendo y su autor se integró al Gobierno de entonces que se oponía a la convocatoria. Otros, en cambio, encontraron interesante la posibilidad de una asamblea como instrumento para cambiar el país, y se erigieron como promotores de esa asamblea. Claro que no decían cómo se cambiaría Bolivia. Pero hay que aceptarlo: la idea del cambio con una constituyente al fin resultó atractiva –ya no le pertenece al que la lanzó inicialmente– y llegó a convertirse en bandera política de muchos sectores, con distintas visiones y diferentes propósitos.

Luego de tragedias, enfrentamientos e inestabilidad, con ingenuidad y en algunos casos con deliberada mala intención, se fue asentando la idea de que reformando la constitución, o sea con una ley –la suprema del país–, se producirían milagros: ¡nuestros problemas se resolverán y reinará la paz entre los bolivianos! Se procuró convencer de que, con sólo un nuevo texto legal, se llegaría a reivindicar históricamente a los que fueron discriminados y excluidos. Que, con la “recuperación” –en alusión a una nacionalización que al fin no fue auténtica– de los recursos naturales, automáticamente vendría una era de prosperidad y riqueza para todos. Que la “justicia comunitaria”, la del Incario, pese a ser anacrónica y negadora de elementales derechos individuales, será la que afianzará la convivencia, así sea a látigo y a palos. Todo lo bueno estaría por venir y que todo lo malo quedaría en el pasado. Pero, ¿cómo? Qué importa, si con el cambio se iba a lograr la felicidad… De tanto repetir, esto de la Asamblea se fue consolidando.

Pronto surgen los desencantos. Ahora el asunto, viendo lo que sucede en la sede de las deliberaciones improductivas de los asambleístas, es cómo salvarla de la trampa que ellos mismos se han creado, y de hacer que una mayoría circunstancial, no siga empeñada en destruir lo que queda de país, dizque para erigir un nuevo orden, en el camino a un “socialismo del siglo XXI”.

La oposición política formal nunca presentó objeciones. Aceptó girar un cheque en blanco para que se cambie todo, sin saber cuáles son los propósitos de quienes propiciaron esta instancia “fundacional, originaria y todopoderosa”. ¿Que está inspirada en un megalómano presidente latinoamericano? Sí ¡y qué! Supuestamente tenemos la completa libertad para cometer los disparates que imaginemos, y copiar los de otros. La ingenuidad, en unos casos, y la complicidad en otros, fue ganando terreno y, al fin, ya es una rareza oír que alguien diga que la Asamblea Constituyente –al fin convocada y funcionando a duras penas– se encamina a un malparto. En verdad, no es frecuente encontrar a quienes se atreven a oponerse a la propia concepción de esta Asamblea. Esta se ha convertido en un nuevo icono colectivo.

Se pudiera comprender –aunque no necesariamente compartir– que se quiera transformar el país por la vía democrática, siguiendo una otra corriente política. Pero parece que el disparate de la Asamblea Constituyente, como parte de los intentos de instaurar una dictadura racista, ha llegado al límite. Es tarea peliaguda mencionar todas las iniciativas del oficialismo que se sitúan en el absurdo. Pero, cuidado: esto es sólo apariencia, pues se trata de proyectos para dominar, para copar el país y, quien lo creyera, para cambiar la exclusión, no para unir a los bolivianos.

No deben ser muchos los que entienden el absurdo de las autonomías de los pueblos “originarios”. Es que se trata, por lo visto, de un intento de clasificación racial de los bolivianos, hasta hace poco inimaginable. Se estaría bajo cierto régimen autónomo, si se es aymará, quechua, sirionó, chipaya, guarayo, mataco, chimán, etc. etc., o sea de más de veinte pueblos, pero en algunos casos con una decena de personas –si ¡inclusive con siete personas!– o con millones. Pero tampoco hay que creer que esto es sólo producto de la ignorancia o de la falta de raciocinio. No. Es parte del plan del Movimiento al Socialismo actualmente en el poder, para confrontar las autonomías departamentales, apoyadas por la ciudadanía de varias regiones y que ciertamente impedirían afanes hegemónicos de un partido y, por tanto, la entronización de una dictadura.

Lo anterior es muestra de las incongruencias, designios espurios e intentos de dominación encubiertos. Pero aun sin que los disparates estén en vigor, ya se está socavando la unidad nacional. Se hace evidente que la consigna, alentada por el propio gobierno, es dividir, enfrentar y destruir. Y lo está consiguiendo, pues las divergencias surgen en los más diversos temas: “visión de país” (que nadie sabe qué es), autonomía departamental y universitaria, defensa nacional, seguridad interna, religión, educación, control social en las universidades públicas e inestabilidad en las privadas y muchos más. Ya hay intranquilidad en varias instituciones republicanas. ¿Será que se tratará que la revolución primero destruya y luego construya el nuevo orden?

Nadie duda que la Asamblea Constituyente ya sea un intento fracasado, sin concertación, y que se haya convertido en símbolo de la división. El remedio de la prolongación de sus debates, resultará en alargar una agonía, mezclada de frustraciones y con una grave secuela de enconos entre los bolivianos. Es que, pese a las turbas que se reúnen en Sucre para hacer “vigilias” –en verdad enviadas para intimidar–, no se ha logrado ningún consenso trascendente. Y no hay señales de que eso se conseguirá.

La situación es, por decir lo menos, preocupante. En una oportunidad se dijo que la constituyente sería una Caja de Pandora que, una vez abierta, mostraría horribles demonios. Esos demonios ya se han desatado…

23 de junio de 2007

“¿Por qué le temen al control social?”

La verdad es que resulta triste referirse a lo que está pasando en el país. Todos estamos, desde ya hace varias semanas, crispados, temiendo lo que puede suceder. Esto da lugar a vaticinios terribles. Y todos se culpan entre sí, en medio de señales contradictorias y confusas, avivando la intranquilidad y el desconcierto.

Al parecer se pretende justificar lo que está sucediendo con el argumento de que se debe cambiar todo y esto siempre es resistido por reaccionarios… Muchos se prestan a ese juego, con la insistencia de que el cambio es absolutamente necesario y que cualquier cosa nueva (por disparatada que sea) será mejor. Se pretende hacernos creer que los bolivianos sólo serán felices con el cambio; es decir, cambiando lo malo, lo regular y hasta lo bueno. ¡Cambio por el cambio! -Y ya se difunde un majadero “spot” de televisión: “Bolivia cambia, Evo cumple” en un mal intento de iniciar el culto a la personalidad.

Como no se quiere dejar “títere con cabeza”, pues no hay nada que no esté en la mira del cambio, llegó el turno de las universidades de la República, que tienen autonomía académica y administrativa desde 1932 (el 25 de julio próximo se celebrará el LXXV aniversario de la autonomía universitaria en Bolivia) y que fue el resultado de una larga lucha para la reforma de las casas superiores de estudio, y liberarlas de la férula de los gobiernos de turno y, por tanto, de toda ingerencia política sectaria.

“En un sentido genérico Reforma universitaria es el nombre que corresponde a la reforma de las estructuras, contenidos y fines de la universidad y del sistema de enseñanza”, cuyos principios reconocidos, entre otros, son la autonomía, incluyendo la administrativa, es decir con capacidad de disponer de sus recursos, el cogobierno docente-estudiantil, la extensión universitaria, la libertad de cátedra.

Lo que pretende el actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) es introducir en el manejo de las universidades un llamado “control social” dizque para vigilar los recursos públicos destinados al funcionamiento de estas instituciones de enseñanza superior. Por supuesto que no se ha especificado cuales serían los sectores sociales que harían de controladores, ni cómo van a controlar. Es que seguramente se tratará de designar comisarios políticos que, tomando la capacidad de vetar las inversiones y los gastos de las universidades, ejerzan un verdadero control partidista de la vida universitaria. Y esto es coherente con el ya desembozado designio del populismo en función de Gobierno, de cambiarlo todo para dominar sin límite alguno.

Hay malas experiencias en esto del control social –antes se le llamó “control obrero”. En Bolivia, en la era de la “Revolución Nacional”, este mecanismo sólo fue útil para apaciguar a los dirigentes de los movimientos obreros que cada vez exigían más prebendas. Realmente los controles obreros, como en la ya desaparecida Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), ni siquiera sirvieron para los que representaban, sino que los casos de corrupción de estos controladores fueron una de las causas de ineficiencia en la marcha de la empresa pública. Es cierto que también en esa época se trataba de copar todos los espacios institucionales de la República, en un verdadero régimen de partido único, sin opciones democráticas.

No es que se proponga que los manejos administrativos en la universidad no deban ser controlados. Eso es necesario en todo ámbito donde se usan fondos públicos. Pero que el control sea legítimo y auténtico, sin propósitos escondidos como la dominación. Y existe la institución idónea, que tiene precisamente como función la tarea de vigilar la corrección en los asuntos públicos: la Contraloría General de la República. Pretender que esa función la ejerzan los llamados “movimientos sociales” simplemente es irresponsable con la enseñanza superior. O será que ya ha tenido influencia lo del actual canciller que se precia de no haber leído libros.

No es una sorpresa, por tanto, que este nuevo designio del populismo del MAS en el poder haya sido cuestionado y resistido por los docentes y estudiantes universitarios, apoyados por los que han pasado por las aulas de nuestras casas superiores de estudios y de los que reciben los beneficios de una universidad libre. La defensa de la autonomía universitaria, puede llegar a ser dura y decidida. Nadie que conozca el papel de la universidades en la sociedad boliviana dejaría de enfrentarse a la negación o el recorte de la autonomía con el instrumento del llamado control social. Es que la autonomía universitaria fue el producto del sacrificio y la entrega de muchos. Y todos sienten que esta una conquista sirvió efectivamente a la democracia y, más aún, a la libertad ciudadana.

Tampoco fue sorprendente que el Gobierno, ante la dimensión de las protestas en todo el país y la perspectiva de una peligrosa escalada de resistencia, se haya avenido a transigir: suscribió un convenio con los universitarios, comprometiéndose a no tocar la autonomía. El asunto parecía resuelto.

Pero no. Como ya es acostumbres, vimos cómo se vuelve a la carga, así sea incumpliendo compromisos, violentando la ley e ignorando el sentimiento ciudadano. El propio Presidente de la República se encargaría de “borrar con el codo lo que se hizo con la mano”.

En discurso público preguntó: “¿Por qué le temen al control social?”, haciendo ver, en velada y ominosa advertencia, la insistencia en llevar adelante su desembozado propósito de dominar, de ejercer el control total de las instituciones, de imponer y de avasallar las instituciones republicanas.

Así se incrementan las tensiones y la crispación ciudadana.

16 de junio de 2007

Más sobre las autonomías departamentales.

Somos, en verdad, ingenuos. Padecemos de un estado de espíritu que es la vívida representación del intento de "ocultar el sol con un dedo". Y somos, también, irresponsablemente optimistas, aun ante la evidencia de que las cosas están mal y que pueden empeorar. Esta ingenuidad, podría ser un mecanismo de defensa o de escape al saber que, cuando se agudizan las tensiones, en este país los estallidos son trágicos, con víctimas que dejan secuelas de odio. Sin embargo, no por negar la realidad o por ignorarla, ésta desaparece; los peligros ahora son evidentes. El enfrentamiento político, cada vez más exacerbado, puede desembocar en estallidos que, fuera de control, dañarían a la República, comprometiendo su unidad.

Es cierto que en todo acontecer hay una visión política. Y eso no es necesariamente malo, puesto que la diversidad en la orientación de las distintas agrupaciones políticas e, inclusive, en las regiones y grupos sociales, pudieran confrontarse con serenidad y respeto. En efecto, si se hiciera que esas diferencias resulten en razonables puntos intermedios, como producto de la moderación y del sano equilibrio, estaríamos en un país –difícil de imaginar para nosotros– en el que predomine la libertad, la democracia y el respeto mutuo entre la mayoría circunstancial y las minorías, entre gobierno y oposición, es decir, entre gobernados y gobernantes. Y en eso de dar categoría política a todo, de buscar rédito a cualquier acción para concitar apoyo populachero, o procurar que todo se vea como instrumento de dominación, se dicen cosas increíbles y se usan mecanismos malsanos y divisivos.

Hace ya muchos años que se viene escuchando que uno de los males de la República es el centralismo que, en verdad, fue el producto de las concepciones de administración del Estado de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Estaba visto que en Bolivia, esa manera de administrar producía dos efectos: excesiva concentración del poder del centro político de la Nación y desatención de las regiones que, durante mucho tiempo, estuvieron aisladas (Tarija, en 1925, como protesta contra el aislamiento y la desatención del gobierno central, amenazó con no participar en la celebración del Centenario de la Independencia Nacional). No se trató entonces de diferencias ideológicas o doctrinales en lo político, sino de buscar la manera más eficiente de llevar adelante la gestión pública y de precautelar en esta Nación la unidad en la diversidad.

Al fin de cuentas y en resumen, un régimen autonómico, es un método para gobernar y administrar la Patria, definido con precisión en lo siguiente: "Autonomía. (Del lat. autonomĭa, y este del gr. α τονομ α). 1. f. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios." Esta es una sencilla definición, sin pretensiones de entrar en disquisiciones teóricas, que ciertamente las hay en el Derecho Constitucional.

En Bolivia surgieron muchas iniciativas para llegar a una efectiva descentralización; desde la propuesta de un estado federal, hasta un grado de autonomías departamentales que haga más racional la administración pública. Se destacan históricamente dos propuestas de federalismo: la de Andrés Ibáñez en Santa Cruz en la segunda mitad del siglo XIX, y la que impulsó el general Pando con la llamada Revolución Federal de principios del siglo XX que, al fin, tuvo el solo efecto de cambiar la sede del Gobierno de Sucre a La Paz.

El tema de superar el centralismo, ahora se ha hecho candente y se le ha dado categoría política y no de administración eficiente. Por otro lado, las autonomías podrían impedir una autocracia central que ignore sentimientos y necesidades de las regiones que integran este país diverso, y evitarían injusticias en la distribución de recursos. Pero el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), ha tenido un tránsito francamente oportunista. Mientras fue opositor, no ocultó su simpatía por una administración de regiones con cierto grado de autonomía, lo que realmente significa limitar el poder, hasta ahora excesivo y muchas veces abusivo, del centro político que se sitúa en la sede del gobierno. Ya en el poder, se dio cuenta de que las autonomías de los departamentos entorpecería su propósito de copar todo espacio y de toda institución, como parece que es el designio gubernamental prevaleciente.

Pese a que hay cuatro departamentos que decidieron, por medio de un referendo de cumplimiento obligatorio, es decir por voluntad ciudadana, regirse por un sistema autonómico, el MAS se opone ahora a lo que es una alternativa a la autocracia central, con intentos de deformar esa voluntad ciudadana. Esto es constituye una clara intención de preservar un centralismo probadamente ineficiente; es decir una ostensible pretensión de acaparar todo el poder, para imponer un proyecto negador de los valores democráticos. ¡Y pensar que el retruécano gubernamental es "Bolivia cambia"!

Este juego gubernamental –se cree que es fácil "marear la perdiz" –, ha desatado renovadas tensiones. Y esto hace que se presentan alternativas opuestas extremas: el intento de la imposición por la fuerza, negando la voluntad ciudadana, o el ostensible desconocimiento de la autoridad central. En esta dicotomía hay graves peligros, aunque alguno "no se la crea…".

Desvirtuar la autonomía con trampas o con alternativas divisionistas como las recientes propuestas oficialistas de las "autonomías de los pueblos originarios" –lo que implicaría determinar la raza a la que pertenece cada ciudadano, enfrentando aun más a la Nación– es, precisamente, lo que se debe evitar.

El argumento de que se trata de una expresión del sentir de la mayoría, no es cierto. Es que la democracia, al fin, no es sólo un proceso electoral (el actual gobierno es producto de uno que ya es pasado). Es, por el contrario, el permanente respeto a la ley, al derecho, a la justicia y a la libertad. Con las pretendidas imposiciones del gobierno de turno, sólo puede resultar la arbitrariedad.

9 de junio de 2007

Las negociaciones con la Unión Europea

Negociar es el único camino para el entendimiento y para establecer relaciones de mutua conveniencia entre los Estados. Lo contrario lleva a vivir aislados o en constantes desencuentros internacionales, sin obtener beneficio alguno. Esto se hace más notorio aún cuando un país es vulnerable. Y, aunque esto suena a una verdad de Perogrullo, hay motivos para insistir en ello.

Uno de los graves problemas que se le presenta a un país en una negociación internacional es la presencia de la demagogia interna. Hay otros dos obstáculos: no disponer de políticas definidas –se sabe de las influencias del chavismo” en Bolivia– y la ausencia de un mecanismo negociador adecuado; esto es, sin una institución nacional que cuente con un equipo de profesionales idóneos. Por ello, es particularmente notorio cuando un gobierno carece de una política exterior y escoge la vía de la provocación.

Un “slogan”, que de tanto repetir se acepta con facilidad, es que todo intento de establecer reglas para facilitar el comercio es perjudicial para los países de menor desarrollo. Esta oposición cerrada se apoya en la única base de que no es posible negociar entre desiguales, y que lo único que resultará será una asimetría mayor imposible de rendir beneficios. Al parecer, deliberadamente se deja a un lado la experiencia europea cuya exitosa integración –con instituciones comunitarias ya consolidadas, es el resultado de la negociación de acuerdos entre desiguales, con reglas para superar las desventajas y así lograr el bien común entre los participantes.

Primero, en nuestro país se alentó que sea el segundón de voces demagógicas que se esparcieron en todo el continente, y que aún siguen con esa prédica, para la oposición a la idea de liberar el comercio, claro está con reglas para hacer que las asimetrías no constituyan ventajas de uno en perjuicio de otro. Luego, vino la campaña contra los TLC (Tratado de Libre Comercio), que sin negociar mecanismos ni condiciones fue tomado por anticipado como un nuevo elemento de dominación. Y ayer nomás persistía otra reticencia incomprensible: la falta de decisión del gobierno nacional –casi fue una negativa– de participar en una negociación conjunta de los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (más conocida como Pacto Andino) con la Unión Europea.

Y pretendemos que se crea que sólo nosotros somos los avispados que sabemos de los peligros de eventuales acuerdos con la integración europea. Y eso que de una asociación de los andinos con la Unión Europea, se puede esperar provecho, como lo mencionó el Embajador de España en Bolivia, que explicó que Bolivia sería beneficiada en el comercio asimétrico y tendría mayor cooperación de los países comunitarios europeos, precisamente por nuestro menor desarrollo. Y no faltó una “genialidad”: el Vicepresidente acaba de afirmar que nuestro comercio no se vería perjudicado aun no participando en los acuerdos con la Unión Europea, por las ventajas de que se goza en el sistema generalizado de preferencias. Pero, por Dios, ¿sólo importa lo existente? ¿Hay que renunciar posibles ventajas adicionales de los europeos que ya fueron anunciadas para Bolivia? Realmente la simpleza para justificar lo injustificable es alarmante. Será que quiere reafirmar –con otros argumentos, por cierto– el disparate de que no se negociaría con la Unión Europea porque “algunos de los países de la región andina quieren negociar la privatización del agua, la privatización de los servicios básicos, y no podemos aceptarla porque estamos recuperando el agua de las empresas transnacionales” (Declaración del Presidente de la República.